Los primeros años de la vida de una niña o niño establecen una base crucial para su desarrollo emocional, social y cognitivo, donde necesitan de un cuidado cariñoso y de aceptación. En la primera infancia, el impacto de la violencia es grave y contribuye a ciclos de vulnerabilidad que son, a menudo, irreversibles y generan impactos inmediatos y a largo plazo. A medida que los niños crecen, su exposición a la violencia puede tener impactos permanentes donde su capacidad para prosperar y contribuir a la sociedad se verá seriamente comprometida. Se ha demostrado que la exposición al estrés, el trauma y otras experiencias adversas de la infancia tienen efectos observables en la estructura del cerebro y a largo plazo en los niños, lo que dificulta su capacidad para alcanzar los hitos del desarrollo y disfrutar de resultados positivos en la vida. Además, la violencia se asocia con costos de gran alcance, que desvían miles de millones de dólares a nivel mundial del gasto social, ralentizan el desarrollo económico con efectos fuertes en el capital humano y social de Estados.
Las niñas, niños y adolescentes de la región latinoamericana y caribeña están más expuestos que nunca a ser víctimas de violencia física o psicológica graves dado a los factores de riesgo y desigualdad que ha sido exacerbado por la crisis actual del COVID-19, limitando también, las vías para alcanzar servicios de protección. Las medidas de prevención de contagio han encerrado a los niños con sus agresores, quienes están experimentando altos niveles de estrés, con la falta la estructura de irse a la escuela, y más exposición a los riesgos del ciberacoso con la necesidad de asistir a la escuela en línea. Además los factores de desigualdad que persisten en la región ponen a ciertos grupos, como niñas niños y adolescentes viviendo en la pobreza y migrantes en mayor riesgo de sufrir las consecuencias del impacto de la pandemia en la región.
La gran falta de datos comparables y confiables sobre la violencia en todas sus formas en la región es una gran debilidad donde hay que invertir en alianza para exponer la fuerte prevalencia de la violencia en el hogar, la escuela y en la comunidad a través de mejorar los sistemas de información. Es reconocido que en la región, existe una cultura de violencia que permanece todo los aspectos de la vida. Normas culturales promueven y justifican en muchos casos la violencia física como método de disciplina en la crianza y la relación de pareja. Un boletín reciente de UNICEF y CEPAL cita una estimación de prevalencia de 55.2% de la agresión física y un 48% de la agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe. La violencia también tiene impactos distintos en las niñas que en los niños por las normas culturales que existen. La falta de sistemas coherentes de protección pongan a ninas, ninos y adolescentes en la region en riesgo del trabajo infantil, la violencia, la delicuencia, la extorsion y sirve como causal de la migración.
Según el Informe de Hallazgos de 2019 Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil elaborado anualmente por el Departamento de Trabajo de EE. UU., América Latina y el Caribe han logrado avances al trabajar con organizaciones internacionales para ampliar el acceso a las escuelas para los niños más vulnerables a la explotación laboral. Las barreras a la educación se observan a menudo en entornos rurales donde puede haber grandes distancias para viajar para llegar a la escuela; infraestructura deficiente que incluye acceso limitado o inexistente al transporte; escasez de maestros calificados; falta de recursos; así como un nivel alarmantemente alto de prevalencia del embarazo precoz. Los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados se encuentran entre las poblaciones que experimentan un acceso limitado a la educación, lo que los pone en mayor riesgo al trabajo infantil. A pesar de las limitaciones presupuestarias, la región ha avanzado en la ampliación de investigaciones sobre el trabajo infantil y en la realización de capacitaciones especializadas sobre los derechos de los niños y la trata de niños para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, siguen existiendo importantes brechas en la aplicación, especialmente si se tiene en cuenta el sector laboral informal, lo que deja a los niños que trabajan en estos entornos con avenidas legales limitadas de protección. Hay una cantidad insuficiente de inspectores del trabajo, una falta de coordinación entre los organismos centrales responsables de la aplicación de las leyes y polizas contra el trabajo infantil, así como documentación limitada sobre los esfuerzos de aplicación de la legislación laboral. Se requieren esfuerzos unificados y consistentes para abordar el trabajo infantil en la región. Notablemente se han observado avances significativos en algunos países incluyendo: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.
En febrero del 2020, el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en inglés) amplió su cobertura para rastrear eventos en tiempo real que incluyen eventos de violencia política, manifestaciones mortales derivadas al desorden, actores de pandillas, entre otras cosas, a América Latina y el Caribe. En 2019, ACLED registró más de 19.000 muertes reportadas durante manifestaciones y eventos de violencia política, con la mitad siendo en México y un cuarto en Brasil y al menos dos tercios de las víctimas mortales reportadas fueron civiles. Contabilizaron 170 bandas armadas distintas en la región, como actores omnipresentes que configuran el panorama de la violencia política en la región, aunque cuatro quintas de toda la violencia de maras o pandillas se atribuye a grupos anónimos. La mitad de las bandas armadas que identificaron tienen origen en México. Acorde a la información recolectada los enfrentamientos contra fuerzas estatales representan casi un tercio de toda la actividad de pandillas y más de la mitad de estos eventos ocurren en Brasil, una cuarta parte en México y más del 13% en El Salvador. Según datos de la Encuesta anual sobre tendencias delictivas de las Naciones Unidas (UN-CTS) en 2016 (el año más reciente del que se dispone de datos para la mayoría de países) la tasa de víctimas de homicidio intencional por 100.000 habitantes, de hombres jóvenes entre las edades de 15 y 29 fue un alarmante 296.5 en El Salvador, 167.4 en Honduras, 127.6 en Jamaica, seguido de cerca por Brasil con 120,1. Se cree que estas cifras están subestimadas y, por lo tanto, es probable que los niveles de violencia a nivel comunitario sean incluso peores que estas cifras.
Entre febrero y marzo de 2021, ha habido un aumento del 70,6% en los encuentros con menores no acompañados en la frontera entre los Estados Unidos y México, con 172,331 detenciones sólo en marzo, 5 veces más que en marzo del año pasado. El total de encuentros entre La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de E.U. y menores no acompañados en 2021 ya superó el total del año pasado por 111.791 niños, niñas y adolescentes no acompañados. Mayo ha sido históricamente el mes con las tasas más altas de encuentros con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza. (La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de EU (USBP por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Operaciones en Campo (OFO por sus siglas en inglés). Según el Centro de Investigación Pew, este aumento probablemente se deba a la crisis económica generalizada resultante de la pandemia, una serie de desastres naturales en América Central, así como a la percepción pública de que la Administración Biden puede ser más receptiva con los migrantes. El número de personas de origen mexicano detenidas en la frontera estadounidense va en aumento, constituyendo el 42% de los detenidos en la frontera en febrero, mucho más que en los últimos años. Según la ley, los niños solo pueden ser detenidos legalmente por tres días en un centro de detención antes de ser trasladados a un refugio, sin embargo, como las detenciones se han disparado, los niños a menudo son detenidos por más tiempo, dada la falta de espacio en los refugios.
Fuentes:
Annual report of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, A/73/276, 30 July 2018
Informe COVID-19: CEPAL y UNICEF (Dic 2020) Protección social para familias con niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe Un imperativo frente a los impactos del COVID-19.
Department of Labor (2019) Findings on the Worst Forms of Child Labor. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/2019_TDA_Report_Online_Final.pdf
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) (Feb 2020) COMUNICADO DE PRENSA: ACLED expande su cobertura a América Latina y al Caribe https://acleddata.com/acleddatanew/wp-content/uploads/2020/02/ACLED_LATAM_PR-Spanish_2020.pdf
Oficina de las Naciones Unidas contra Las Drogas y el Delito Encuesta anual sobre tendencias delictivas de las Naciones Unidas (UN-CTS).
