Análisis situacional

A la profunda desigualdad que prevalece en la región de América Latina y el Caribe, se le incorpora una crisis global con secuelas gravísimas para la infancia latinoamericana. Diversos organismos internacionales han alertado ya acerca de las repercusiones que la pandemia tendrá en la región: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que los efectos de la crisis sanitaria representan el mayor reto económico y social que enfrenta la humanidad desde la Gran Depresión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial (CEPAL-1, 2020; OIT, 2020).

Es importante recordar que el crecimiento regional en 2019 fue del 0,1% y su previsión para el año 2020, antes de la pandemia, era de un modesto crecimiento del 1,3%. A estas alturas de la crisis sanitaria, se estima que se puede producir una contracción del Producto Interno Bruto regional (PIB) de -1,8% que podría conducir a un aumento de la tasa de desempleo de hasta un 10%¹.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, señaló que, en un hemisferio marcado por las brechas de desigualdad, las afectaciones en los derechos humanos tienen impactos más acentuados y de forma diferenciada en las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes (NNA)².

El impacto de la pandemia en la niñez se ve evidenciada con un incremento de la pobreza y como consecuencia, la falta de acceso a servicios básicos, principalmente en materia de salud (CONEVAL, PNUD y BID, 2020); inseguridad alimentaria, aumento en la desnutrición aguda (BID, 2020), crisis alimentaria infantil (UNICEF, FAO, OMC y OMS, 2020), y un aumento de entre el 10% y 50% de la mortalidad infantil global, pronosticado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2020)³.

Ante esta situación es necesario reorientar la contención, atención y prevención de la pandemia de COVID-19 al enfoque de derechos humanos, cumpliendo con las recomendaciones internacionales suscritas por los países en torno a los derechos de la niñez, atendiendo el “interés superior del niño” como criterio principal de la acción pública, y de prioridades económicas.