Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas
Legislación
Otros tipos de tutela
Vigilancia independiente
Todos los niños, niñas y adolescentes
a. Establecer en la norma los mecanismos periódicos de supervisión y la autoridad competente especializada para realizar la supervisión y control de los centros de acogimiento.
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Recolección de datos
Todos los niños, niñas y adolescentes
e. Establecer la obligación que los centros e instituciones residenciales de cuidados alternativos dispongan de un registro completo y actualizado de todos los niños y niñas que se encuentran en los mismos. El registro debe estar vinculado a expedientes detallados de cada uno de los niños y las niñas. Los Estados deben contar con la información totalmente actualizada de todos los niños y niñas que se encuentren bajo la tutela de un centro o institución residencial, público o privado.
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Interés superior del niño
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d. Regular claramente que en el momento en que concurran las circunstancias necesarias para el egreso del niño del centro, esta situación deba ser comunicada oportunamente a la autoridad competente, a los efectos de que ésta pueda declarar en su caso el cese de la medida especial de protección y el egreso del niño del centro residencial.
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Garantías judiciales y protección judicial
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c. Garantizar que las labores de los profesionales de los centros de acogimiento alternativo se orienten desde un inicio a crear las condiciones adecuadas para que el niño pueda dejar en el plazo más breve posible el centro de acogida.
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Entorno familiar
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b. Contemplar el tratamiento de los casos en que los niños fueran ingresados en las instituciones por los mismos progenitores o familiares, por no poder o no querer hacerse cargo de ellos; éstos casos deberán ser oportunamente puestos en conocimiento de la autoridad pública competente en materia de niñez a los efectos de que se pueda prestar apoyo a los padres a través de los servicios sociales existentes, o bien para analizar si existieran otros familiares que pudieran hacerse cargo del niño o, en su defecto, considerar qué medida de cuidado alternativo temporal o definitiva sería la más idónea para el niño, considerando su situación personal particular y su interés superior.
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a. Regular los requisitos que deben concurrir para que un centro o institución permitan el ingreso y el egreso de los niños, niñas y adolescentes, y el procedimiento para ello.
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2. Habilitación, autorización de funcionamiento y registro administrativo: Los Estados tienen el deber de: a. Regular el procedimiento y los requisitos para la habilitación y autorización de establecimiento y funcionamiento de los centros de acogimiento de carácter residencial, tanto públicos como privados, así como su inscripción en el registro administrativo correspondiente. Los centros de acogimiento alternativo solo pueden operar con la autorización previa del Estado, cuando cumplan con los requisitos contenidos en la norma. b. Identificar a la autoridad encargada de conceder la habilitación y la autorización de funcionamiento. En base al principio de especialidad y profesionalización, la autoridad competente debe estar especializada en materia de derechos de la niñez y contar con el personal adecuado para llevar a cabo las evaluaciones, así como para realizar el control y la supervisión posteriores. Las evaluaciones deberán incluir una inspección directa “in situ” de las instalaciones, además de la revisión de la documentación requerida. c. Crear, cuando no exista, un registro específico para los centros de cuidado alternativo, en el cual deberán inscribirse todos los centros de cuidado alternativo de carácter residencial que operen en el territorio, y que cumplan con la normativa relativa a las condiciones para la habilitación y autorización de funcionamiento. d. Establecerse en la norma reguladora el plazo concreto de vigencia de la autorización de funcionamiento, el procedimiento de revisión de la autorización y los requisitos para la extensión de la misma. La norma debe establecer los supuestos por los cuales puede producirse la extinción de la autorización de funcionamiento. Cualquier cambio o modificación en las características del centro o en su funcionamiento deben ponerse inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. e. Revisar los sistemas de gestión y financiamiento de los centros de acogimiento y de las instituciones residenciales con el objetivo de superar aquellos modelos que incentivan la retención innecesaria de niños en las instituciones.
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1. Deber de regulación: Los Estados tienen la obligación de regular y supervisar, el funcionamiento de los centros de acogimiento alternativo de carácter residencial, públicos y privados. En ese sentido la Comisión recomienda: a. Garantizar que los principios generales de protección integral y de interés superior del niño inspiren toda legislación y toda política, programa o práctica respecto de los niños en el marco de una medida especial de protección que implique el acogimiento alternativo residencial. b. Asegurar que la regulación de los centros de acogimiento esté primordialmente orientada a garantizar la plena vigencia de los derechos de los niños y a responder al objetivo de las medidas especiales de protección, es decir, la restitución de derechos y la revinculación familiar, siempre que responda al interés superior del niño. La organización y el programa de intervención del centro deberán orientarse hacia este objetivo.
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10. Los principios de excepcionalidad, necesidad y temporalidad que deben regir la aplicación de las medidas especiales de protección que impliquen la separación del niño de su familia. El objetivo de la medida especial de protección es la preservación y la restitución de los derechos del niño, primordialmente el restablecimiento de la vida familiar en su familia de origen, en caso que ello no fuera contrario a los intereses del niño.
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8. El niño debe contar con representación y asistencia legal de calidad, gratuita y adaptada, en los procedimientos en los cuales se decida sobre la posible separación de sus progenitores por motivos de protección.