Nombre del documento:
Observaciones Finales Informe País – Chile 2015
Temas / Derecho afectados:
Administración de la justicia penal juvenil
Garantías judiciales y protección judicial
Vigilancia independiente
Actor afectado:
En conflicto con la ley penal
Recomendación:
86. a) Establezca un sistema independiente de justicia juvenil con jueces, fiscales y abogados defensores especializados, procure que todos los funcionarios judiciales reciban una educación y una formación adecuadas y elabore y aplique protocolos y criterios de orientación para que dichos funcionarios aseguren una coherencia en la aplicación de medidas punitivas; 86. b) Se asegure de que los fiscales y los jueces tengan debidamente en cuenta medidas alternativas a la privación de libertad, como la remisión del caso a otros servicios, la libertad vigilada, la mediación, el asesoramiento o los servicios comunitarios, y solo se planteen la privación de libertad como último recurso y durante el menor tiempo posible, revisando esa medida periódicamente con miras a revocarla; c) Revise las medidas cautelares que se imponen antes del juicio para que los niños no estén expuestos a largos períodos de prisión preventiva y para que la posibilidad de reducir la pena no sirva como medida de presión para que los niños reconozcan su responsabilidad para evitar complejos procesos judiciales; d) Mejore la infraestructura de los centros de privación de libertad para asegurar una seguridad, dignidad y privacidad adecuadas para los niños y el acceso a servicios de salud, educación y formación profesional, teniendo en cuenta las necesidades específicas de dichos niños en función de su sexo; e) Establezca mecanismos independientes, confidenciales, adaptados y sensibles a las necesidades de los niños que les permitan denunciar violaciones de los derechos humanos, sobre todo cuando están privados de libertad; f) A tal fin, haga uso de los instrumentos de asistencia técnica elaborados por el Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil y sus miembros, incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNICEF, el ACNUDH y las organizaciones no gubernamentales, y solicite a los miembros de ese Grupo asistencia técnica en materia de justicia juvenil.
