Nombre del documento:
Observaciones Finales Informe País - Paraguay 2010
Temas / Derecho afectados:
Administración de la justicia penal juvenil
Garantías judiciales y protección judicial
Actor afectado:
En conflicto con la ley penal
Recomendación:
77. El Comité insta al Estado parte a asegurar que las normas relativas a la justicia juvenil sean plenamente aplicadas, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité exhorta al Estado parte a que tenga en cuenta su Observación general Nº 10 (2007), relativa a los derechos del
niño en la justicia juvenil. Asimismo, recomienda al Estado parte que:
a) Se esfuerce por aplicar la política relativa a la justicia juvenil; b) Institucionalice la figura de los jueces especializados en casos
relacionados con niños en todas las regiones y se cerciore de que éstos reciban una formación y capacitación adecuadas;
c) Se asegure de que todos los sectores que intervienen en el sistema de
justicia juvenil sean formados para la aplicación efectiva de la justicia, en particular los agentes de policía y los fiscales;
d) Aplique medidas distintas de la privación de libertad, como la libertad
condicional, la mediación, los servicios a la comunidad o la suspensión de la ejecución de la pena, siempre que sea posible;
e) Se asegure de que la pena de privación de libertad se aplique tan sólo
como medida de último recurso por el período más breve que proceda y se revise periódicamente, y que se mantenga a los niños separados de los adultos durante ese período;
f) Solicite la asistencia técnica y cooperación de otro tipo al Grupo
Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, que incluye la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el UNICEF y organizaciones no gubernamentales.
